La legalización del juego y la despenalización de la marihuana alimentan el temor por la infiltración del crimen organizado en las instituciones de Brasil

Por Infobae

En los últimos días, la noticia de que un juez está siendo investigado en el marco de la operación de la Policía Federal (PF) denominada Churrascada, que tuvo lugar el 20 de junio, ha causado indignación en Brasil. Según informa el sitio de noticias UOL, Ivo de Almeida, juez del Tribunal de Justicia de San Pablo, es sospechoso de vender sentencias. En concreto, de aceptar un habeas corpus, es decir, una petición de liberación del narcotraficante Romilton Queiroz Hosi, aliado del jefe del Comando Vermelho (CV) Fernandinho Beira-Mar. A cambio, el juez habría recibido un millón de reales, cerca de 179.000 dólares. Lamentablemente, no se trata de un incidente aislado. A finales de junio fue detenido un abogado acusado de falsificar un habeas corpus e introducir documentos falsos en el sistema informático del Tribunal de Justicia de San Pablo. El abogado intentaba liberar nada menos que a Gilberto Aparecido dos Reis, también conocido como Fuminho, mano derecha de Marcos Willians Herbas Camacho alias Marcola, jefe del principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC).

Estos hechos confirman la advertencia de muchos expertos en seguridad, de que el crimen organizado brasileño ha alcanzado tal grado de desarrollo que con el dinero obtenido del narcotráfico se infiltra cada vez más en las instituciones. Se trata de un proceso que generalmente, como ocurrió en el pasado con las mafias italianas, por un lado es un síntoma del aumento de poder de los narcotraficantes, y por otro representa un peligro mayor para la sociedad y la democracia, que están siendo literalmente corroídas desde dentro. Hace tiempo que el crimen organizado se ha infiltrado también en la política. A finales de abril, tres concejales municipales fueron detenidos en el estado de San Pablo, dos de ellos antiguos presidentes de cámaras municipales. Se les acusa de blanquear dinero del PCC a través de contratos públicos de gestión de personal por valor de más de 200 millones de reales, unos 36 millones de dólares. También en abril se descubrió en San Pablo una red de personas vinculadas al PCC que gestionaban dos de las principales empresas de transporte contratadas por el ayuntamiento paulista, Transwolff y UPBus. Transportan 15 millones de pasajeros al mes y, según publicó la prensa brasileña, facturaron 870 millones de reales, 156 millones de dólares en 2023.

El debate político de las últimas semanas también está facilitando el crimen organizado, ya que el Congreso brasileño pretende legalizar los juegos de azar, un sector históricamente infiltrado en muchas partes del mundo por el narcotráfico. De hecho, con 14 votos a favor y 12 en contra, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado aprobó la semana pasada el proyecto de ley 2234/2022 que autoriza en Brasil el funcionamiento de casinos, el popular “jogo do bicho”, bingos y otras formas de juego. Ahora sólo falta el voto del pleno del Senado y la firma del presidente Lula. Si el proceso llega hasta el final, los casinos y el bingo, incluso en plataformas virtuales, estarán autorizados en todos los rincones del país. Hasta ahora un Decreto-Ley de 1946 prohíbe la explotación de juegos de azar en todo el territorio nacional.

Incluso un histórico juego de azar brasileño como el “jogo do bicho” pasará a ser legal. Basado en apuestas sobre números que representan animales (bichos en portugués), fue inventado en 1892 por el fundador del Jardín Zoológico de Rio de Janeiro, el barón João Batista Viana Drummond, que lo creó como incentivo para la compra de entradas al zoo. En la década de 1960, fueron algunos poderosos miembros de la mafia siciliana Cosa Nostra, que huyeron a Brasil, como Antonino Salamone, quienes dieron al juego un estatus criminal junto con delincuentes locales como Castor de Andrade. Es probable que el impacto de esta votación en la sociedad sea muy fuerte. Precisamente en las últimas semanas en Brasil también se ha hablado mucho de los riesgos de otro juego de apuestas, el Little Tiger, una especie de casino en línea que se está haciendo muy popular entre los jóvenes, muchos de los cuales se han endeudado hasta el punto de robar dinero a sus familias o huir, como ocurrió en dos noticias recientes de crónica. Entre 2023 y 2024, la Policía Civil de San Pablo recibió más de 500 denuncias de jugadores que no recibían el dinero ganado o de familiares preocupados por deudas peligrosas. Las investigaciones han establecido que estas plataformas de juego ilegal están todas alojadas en servidores extranjeros, pero utilizan intrincadas redes criminales locales tanto para gestionar los flujos financieros como para expandir el mercado brasileño.

Para atraer a nuevos jugadores, los delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales en los que invitan a participar en el juego o pagan a influencers para que hagan publicidad. Legalizar este tipo de escenarios podría facilitar a los principales grupos criminales del país que ya operan en el sector legalizado de las apuestas deportivas desde 2018. Investigaciones policiales en los estados de Rio de Janeiro, Ceará y Rondonia han demostrado cómo el PCC y el Comando Vermelho han entrado en el sector para blanquear las ganancias del narcotráfico. Incluso familiares del líder del PCC, Marcola, fueron detenidos el pasado mes de abril acusados de utilizar plataformas online para blanquear dinero procedente de la venta de cocaína, plataformas que permiten lavar grandes volúmenes de dinero. En una de las investigaciones, la policía brasileña descubrió movimientos por valor de 301 millones de reales, 54 millones de dólares.

Las justificaciones que esgrime el Congreso para la liberalización del juego son la promoción del turismo en Brasil y la regulación de algo que seguiría existiendo de forma ilegal. El problema es que la fiscalidad es baja, como demuestra el sector de las apuestas deportivas, ya autorizado por la ley. Los políticos no parecen preocupados por el impacto social de esta decisión. El ex presidente Jair Bolsonaro y el ex alcalde de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, han sido en el pasado grandes defensores de la legalización del juego. En 2018 Bolsonaro incluso se había reunido en Rio de Janeiro con el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson, hoy fallecido pero entonces propietario de casinos en Las Vegas y Asia. En cuanto a Lula, ha dejado entrever que no se opondrá al proyecto de ley. “Si el Congreso lo aprueba, no veo por qué no debería promulgarlo”, dijo hace unos días. También afirmó que la legalización del juego podría dar trabajo a los más pobres. “No creo que los pobres van a gastar en el casino. Pobre no va en el casino. Pobre va a trabajar en el casino. Él no va porque es cosa de gente que tiene dinero. Nunca he estado en un casino”, afirmó Lula.

No faltaron las críticas. “En un país donde el crimen organizado está avanzando, incluso sobre sectores de juego legalizados, expandirlo es, como mínimo, una temeridad”, escribió Elio Gaspari en el diario O Globo. Además, llama la atención que, según el proyecto de ley, las empresas interesadas, además de tener su sede y administración en Brasil, estarán obligadas a disponer de un capital social mínimo realmente gigantesco. El texto habla de al menos 100 millones de reales, 18 millones de dólares, para abrir casinos, mientras que para los operadores del “jogo do bicho” la cantidad mínima obligatoria es de 10 millones de reales, 1,8 millones de dólares. Uno de los puntos que puede amplificar significativamente la connivencia entre el crimen organizado y la política es el hecho de que la autorización de cada casino será por concurso público.

“En cualquier latitud del mundo, el crimen organizado, cuando alcanza cierta madurez, captura las instituciones, penetra en ellas. Así que no veo por qué Brasil debería ser diferente”, dijo a Infobae el profesor Leandro Piquet Carneiro, coordinador de la Escuela de Estudios de Seguridad Multidimensional de la Universidad de San Pablo (USP).

“Sin embargo, en Brasil todavía estamos en una etapa incipiente en comparación, por ejemplo, con países como México o América Central. Vemos que empieza a haber una infiltración en las fuerzas del orden, en la justicia, en algunos niveles municipales de la política. Pero el dinero de la cocaína todavía no llegó al sector de las grandes licitaciones públicas, donde se juega la enorme calidad del dinero de la corrupción”, explicó Carneiro a Infobae.

Por si fuera poco en estos mismos días en que Brasil se partió en dos por la posible y cada vez más segura legalización de los juegos de azar otro tema ha dividido al país, el de la despenalización de los consumidores de marihuana. El 25 de junio, el Supremo Tribunal Federal (STF) votó por mayoría a favor de dejar de considerar delito el consumo personal de marihuana. Llama la atención, sin embargo, que la cantidad que el STF aprobó en la definición de uso personal es de 40 gramos (en algunos países europeos, para comparar, es de unos 5 gramos), mientras que no se indica la concentración permitida del principio alucinógeno, el THC. Cabe recordar que en estos momentos el debate científico internacional alerta precisamente sobre el impacto en la salud mental de altas concentraciones de marihuana, en particular la añadida a alimentos, dulces y productos alimenticios. Según Nora Volkow, directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, la marihuana consumida con alimentos está creando “complicaciones médicas que no sabíamos que estaban asociadas a la marihuana” y puede incluso provocar sobredosis. Un estudio brasileño publicado en 2022 en el Journal of Psychiatric Research ya había mostrado depresión y ansiedad en los llamados usuarios disfuncionales del gigante latinoamericano, es decir, aquellos con problemas de adicción.

“En Brasil no hay el coraje de tener un discurso serio y amplio sobre la liberalización de las drogas en el que la sociedad civil entre en el debate. En lugar de construir un nuevo sistema, parece que se prefiere desorganizar el existente, demoliendo pieza por pieza el marco legislativo sobre drogas”, explicó a Infobae Leandro Piquet Carneiro.

Según la Ley 11.343/2006, la ley de drogas, la adquisición, almacenamiento o transporte de cualquier tipo o cantidad de estupefacientes se considera un delito. Aunque la ley no aclara que el uso personal sea un delito, las sentencias hasta ahora han sido interpretadas en esa dirección. Para Carneiro, la decisión del STF en realidad favorece a los narcotraficantes porque “disminuye lo que podemos llamar el coste de la droga para el usuario, es decir, el riesgo de castigo, con todo lo que esto conlleva como la pérdida de reputación. Al disminuir este coste, esta decisión puede, de hecho, aumentar la demanda y el consumo”. Por el contrario, la Cámara tiene previsto votar en septiembre la llamada Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Drogas, que prevé la inclusión de la criminalización del transporte o porte de cualquier tipo o cantidad de drogas en el artículo 5 de la Constitución. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del partido Progresistas, ha creado una comisión especial sobre el tema que se reunirá una docena de veces antes de la votación.

Mientras tanto, el escenario de las drogas en Brasil se complica cada vez más. Tras una serie de incautaciones policiales de nitazenos, opiáceos sintéticos aún más mortíferos que el fentanilo, la Sociedad Brasileña de Toxicología lanzó una alerta a todos los profesionales e instituciones sanitarias para que aumenten la vigilancia y creen campañas educativas. Rafael Lanaro, presidente de la Sociedad Brasileña de Toxicología, escribe en el alerta que los nitazenos “han sido identificados en varias incautaciones de drogas realizadas en San Pablo entre 2022 y 2023, principalmente en forma de ‘compuestos herbales’, lo que indica una posible propagación de esta sustancia en el mercado de drogas en todo el estado”.