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Cómo se rompió la relación entre la Casa Blanca y Nayib Bukele y por qué Washington prepara nuevas sanciones para el gobierno de El Salvador

14 septiembre, 2021
Cómo se rompió la relación entre la Casa Blanca y Nayib Bukele y por qué Washington prepara nuevas sanciones para el gobierno de El Salvador

El Salvador

Por: Infobae

(Washington, DC). La última advertencia estadounidense a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, llegó de la voz de Juan González, asesor de seguridad nacional y uno de los hombres que más de cerca habla a Joe Biden en temas latinoamericanos. Washington, dijo González, tomará acciones ante los coqueteos de Bukele con la reelección. No es la primera vez que Estados Unidos advierte, pero hasta ahora poco ha cambiado en el guion autoritario del salvadoreño.

González dijo que Bukele “tiene que responder” por la decisión que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos cinco magistrados fueron impuestos en mayo pasado por diputados afines al presidente: el 4 de septiembre pasado, la sala hizo una interpretación de la Constitución que abre la posibilidad para la reelección de Bukele en 2024.

Nosotros tenemos varios elementos, visas, sanciones y hay otras herramientas”, dijo González a la Voz de América.

Antes que González había respondido, en San Salvador, Jean Manes, la encargada de negocios a la que Biden envió a la capital salvadoreña a poco de asumir la presidencia en Washington.

Manes usó la palabra “condena” al referirse a las políticas y decisiones de Bukele, una escalada en el lenguaje diplomático utilizado por Estados Unidos hasta ahora. “Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución”, declaró Manes a pocas horas de hacerse pública la decisión de la corte bukelista. Por primera vez, Washington se refirió a la situación política salvadoreña como “un declive de la democracia que daña la relación bilateral”.

Más allá de las advertencias públicas, según ha confirmado Infobae en la capital estadounidense, la administración Biden y demócratas en la cámara baja del Congreso discuten un ramillete de opciones para ejercer presión sobre Bukele.

Las posibles herramientas de las que habla González incluyen sanciones económicas, acusaciones penales en suelo estadounidense a funcionarios vinculados al pacto que el gobierno salvadoreño mantiene con la MS13 o el retiro de más visas a diputados, magistrados y ministros del bukelismo, según han dicho a Infobae un puñado de personas que han participado en estas discusiones, entre ellas contratistas especializados en la región centroamericana, asistentes legislativos y diplomáticos en Washington.

“Bukele y El Salvador están en el centro de la atención por ahora, y eso es decir bastante en una región en la que al lado está Juan Orlando Hernández (el presidente de Honduras, señalado por el Departamento de Justicia como cómplice de narcotráfico)”, dijo un asistente legislativo quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hacerlo en público.

El pacto con la MS13

Los exabruptos antidemocráticos de Bukele han ido minando su diálogo con Washington poco a poco, pero nada ha sido tan dañino para la relación como el pacto que el gobierno del salvadoreño mantiene con las pandillas en su país, en especial con la MS13,para mantener a la baja los índices de homicidios.

Hasta ahora, los oficiales estadounidenses han sido cautelosos al referirse al pacto pandillero de Bukele, pero, lejos del ojo público, un grupo especial de tarea, poblado por agentes del Departamento de Estado, del FBI y de la Agencia Antidrogas (la DEA) llevan al menos seis meses recogiendo información sobre las reuniones y pláticas entre líderes de la MS13 y funcionarios de Bukele, como el director de prisiones Osiris Luna, según confirmaron a Infobae un asistente legislativo, un diplomático relacionado con temas centroamericanos y un contratista del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

Antes del 1 de mayo, cuando los recién juramentados miembro de la Sala de lo Constitucional echaron al fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema, Estados Unidos había mantenido un diálogo fluido con Raúl Melara, el fiscal destituido, en el tema de la MS13.

Fue aquel día, cuando Bukele inició lo que Manes describe como el “declive de la democracia”.

Unas semanas antes de eso, a principios de abril, Ricardo Zúñiga, entonces enviado especial de Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica, había visitado El Salvador para tratar temas como el Estado de Derecho en el país. Bukele no lo recibió. Zúñiga voló de vuelta a Washington con Melara, quien aún era fiscal general, para trabajar en varios temas pendientes.

Al llegar, Melara fue conducido a un hotel de Washington sin demasiado protocolo. A la mañana siguiente, oficiales estadounidenses le anunciaron que lo llevarían a un hospital local, donde le aplicaron una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Tras reposar un rato en el hotel, Melara fue a una de las sedes del Departamento de Justicia en el Distrito de Columbia. Ahí, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) le pidieron que revisara seis dossiers con información de miembros de la llamada ranfla histórica de la pandilla MS13. La ranfla, formada por al menos 13 líderes pandilleros, es la máxima autoridad de la MS; la mayoría de sus miembros guarda prisión en cárceles salvadoreñas.

Un empleado de la Fiscalía General, que fue cercano a Melara, y dos funcionarios estadounidenses consultados -un contratista del gobierno federal y un diplomático que estuvo destacado en Centroamérica y conoce de cerca la agenda del gobierno Biden con El Salvador- confirmaron el viaje del exfiscal salvadoreño y su agenda en Washington. Los tres accedieron a hablar desde el anonimato; el salvadoreño por razones de seguridad y los estadounidenses por no estar autorizados a hacerlo en público.



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