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Crece la percepción de corrupción en Venezuela: está entre los cinco peores del mundo

28 enero, 2021

El informe anual de Transparencia Internacional

Por Infobae

Venezuela es percibido como cada vez más corrupto, según el informe anual de Transparencia Internacional publicado este jueves, que detalla el impacto de este flagelo en los sistemas de salud en plena pandemia.

Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) recoge la opinión que diversos organismos e instituciones tienen del sector público de cada país, clasificando a las 180 naciones analizadas de 0 a 100 según su sistema sea más o menos corrupto.

Dinamarca (88), Nueva Zelanda (88) y Finlandia (85) son los países que salen mejor parados del estudio, un podio invariable desde 2012. En el lado contrario, Siria (14), Somalia (12) y Sudán del Sur (12) son las naciones con los índices de corrupción más elevados. La media mundial de este ranking es 43.

En América Latina, Venezuela (15), Haití (18) y Nicaragua (22) son los países donde la corrupción está más presente, mientras que Uruguay (71) y Chile (67) se mantienen desde 2012 como los mejores alumnos del continente.

En el caso de Venezuela, es el quinto país con el sistema más corrupto del mundo y su nota no deja de empeorar desde 2013.

Transparencia Internacional centró su informe de 2020 en el impacto que la corrupción ha tenido en la gestión de la pandemia de coronavirus. Los países con niveles más altos de corrupción dedican menos recursos a la salud, lo que afecta los servicios públicos esenciales.

Venezuela perdió por la corrupción “al menos 5.000 millones de dólares en las últimas dos décadas, lo que afecta directamente a la salud de los venezolanos”, dijo a la agencia de noticias AFP Luciana Torchiaro, responsable regional de TI para América Latina.

Por su parte, la percepción de la corrupción pública en Estados Unidos (67) también empeora, y el informe le atribuye la nota más baja desde 2012.

La ONG señala en particular los obstáculos que la administración Trump puso para supervisar los casi 900.000 millones de dólares destinados a luchar contra los efectos del COVID-19.

“El COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, declaró Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, citada en el informe.

Según un informe publicado por Transparencia Internacional en 2019, la corrupción en el mundo le cuesta a los sistemas públicos de salud 500.000 millones de dólares cada año.

La contracara de esto es Uruguay, que según el informe tiene la inversión en salud “más alta de la región”, lo que le permite tener “un buen sistema de seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar el COVID-19”.

Preocupan Honduras y Guatemala, Perú progresa

La ONG pone el foco también en América Central. En Nicaragua (22), la percepción de la corrupción ha empeorado en siete puntos desde 2012 y es la tercera peor del continente americano.

Otra situación preocupante es la de Honduras (24), donde la gestión de la pandemia reveló la existencia de contratos opacos en la compra de hospitales móviles y de precios inflados en equipamientos médicos.

Asimismo, Guatemala (25) es uno de los países que más han caído en la clasificación, ocho puntos desde 2012. Como afirma Luciana Torchiaro, la salida en 2019 de la misión de Naciones Unidas contra la Impunidad y la gestión opaca del gobierno durante la pandemia “son prácticas que afectan a la percepción que hay de la lucha contra la corrupción”.

Transparencia Internacional resalta el trabajo de Perú (38), donde la aprobación de dos leyes para impedir que los condenados por corrupción accedan a cargos públicos y para mejorar la transparencia en las finanzas públicas sugieren una mejora de la lucha contra este flagelo.

Guyana (41) y Ecuador (39) son los países latinoamericanos que más han mejorado su nota desde 2012, 13 y 7 puntos respectivamente.

Esta ONG internacional creada en Alemania hace 25 años recomienda a los gobiernos “reforzar las instituciones supervisoras, promover procesos de contratación abiertos y transparentes y garantizar el acceso a la información” para atajar la corrupción en los sistemas públicos.



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