Última Hora

VENEZUELA

Días decisivos: la fiscal de Corte de la La Haya puede presentar cargos contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

13 diciembre, 2020

Fatou Bensouda presentará esta semana su “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020″ en el que se espera que se pronuncie sobre Venezuela. “Demandamos celeridad porque cada día que pasa representa más torturas, más asesinatos extrajudiciales, más perseguidos y exiliados; y por supuesto, menos justicia”, dijo Julio Borges

Por: Infobae

Los días de diciembre pasan y se acerca fin de año pero antes de que cambie el calendario los venezolanos esperan el pronunciamiento de un actor clave para terminar con la brutal dictadura que padecen: La Corte Penal Internacional (CPI). Es que la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, tiene que presentar su Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020 en el que se espera que se pronuncie sobre el enjuiciamiento internacional de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos.

Donde se denuncian sus violaciones atroces los derechos humanos, Maduro se ofende y se va. Se fue la OEA, de la CIDH, hasta amagó con irse de la ONU, pero de La Haya no puede: Venezuela reconoce la competencia del Tribunal de Justicia. Allí denunció a EEUU por las sanciones, y allí se presentaron una montaña de evidencias de sus crímenes de lesa humanidad.

La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, un paso previo a una eventual investigación, por abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en manifestaciones ocurridas desde abril de 2017, como en cárceles donde pudieron haber sido maltratados presos opositores al régimen de Maduro, pero desde entonces hubo pocas novedades.

Julio Borges, canciller de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela reconocido por la comunidad internacional, afirmó en diálogo con Infobae que “los tiempos de la justicia universal son lentos y no compaginan con el sufrimiento del pueblo venezolano”. “Nosotros esperábamos que los resultados de este examen se hubieran publicado hace mucho tiempo, demandamos celeridad porque cada día que pasa representa más torturas, más asesinatos extrajudiciales, más perseguidos y exiliados; y por supuesto, menos justicia”, denunció.

La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los supuestos abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad. El problema es que en Venezuela no hay independencia judicial.

En una polémica decisión, en noviembre de este año, Bensouda recibió a una delegación de la dictadura compuesta por el fiscal general Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Decenas de países democráticos no reconocen a los funcionarios de Maduro como legítimos por eso esta reunión -con varias fotos públicas- causó revuelo internacional. En la cita, sin embargo, la fiscal informó a la delegación chavista que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.

Esta escueta frase – “crímenes que competen a la Corte”- encierra delitos aberrantes.

Según la misión especial de la ONU para Venezuela “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

La misión investigó el accionar del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran “desapariciones forzadas de corta duración”, que incluían “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual” para “obtener confesiones o como castigo”. Según Cox, los organismos de inteligencia sometieron a opositores o disidentes “a violencia sexual”, así “como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.

Francisco Cox, miembro de la delegación, declaró ante la prensa que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener. “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado […] para sofocar a la oposición”, sostuvo.

La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos’”. “Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.

Valiñas fue clara: afirmó que la Corte Penal Internacional “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables identificados.

En julio pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había presentado un informe denunciando “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.



Comentarios