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Informe Estado de la Justicia

Solo uno de cada diez casos de corrupción llega a juicio: Delitos son denunciados hasta 500 días después

08 junio, 2020

Gran parte de investigados son funcionarios del MOPT y Ministerio de Seguridad

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

En promedio, solo uno de cada diez casos de corrupción llega a juicio. El dato se desprende del último informe Estado de la Justicia, publicado este lunes, en el cual se señala que en el 2017 solo en 12 expedientes hubo sentencias condenatorias, de un total de 370.

Entre las situaciones que inciden destaca que este tipo de delitos son denunciados ante el Ministerio Público hasta más de 500 días después de que suceden. Así mismo, en más de la mitad de los casos se tarda más de 400 días para presentar la acusación ante el Juzgado, después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) elabora los informes.

La mayoría de casos que llegan a juzgados tienen relación con el uso irregular de fondos públicos, mientras que en menor medida aparece el incumplimiento de deberes.

Evelyn Villarreal, investigadora del Estado de la Justicia, indicó que una gran parte de funcionarios investigados por presunta corrupción pertenecen a instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).     

¿Por qué tarda tanto la etapa de recolección y análisis de pruebas? Según explicó Villarreal, la saturación de trabajo en el OIJ y en la Fiscalía inciden en esa problemática.  

En el informe también señala ineficiencia en las investigaciones administrativas dentro del Poder Judicial, al punto que una de cada dos denuncias que recibió la Inspección Judicial terminó desestimada, mientras que solo en dos de cada diez hubo castigos.  

Jesús Sáenz, investigador del Estado de la Justicia, comentó que las debilidades evidenciadas en la vía penal, a nivel nacional, también se repiten a lo interno del Poder Judicial.

La mayoría de sanciones a funcionarios judiciales tuvieron relación con el retardo injustificado en sus labores o por el incumplimiento de deudas patrimoniales.



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